Con más de 82 millones de habitantes, Egipto es el país árabe más poblado y la segunda economía más importante del norte de África y Oriente Medio, después de Arabia Saudí. Según datos del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, su economía está altamente diversificada: aproximadamente la mitad del PIB está compuesto por el sector servicios, aunque la agricultura y la industria juegan también un papel muy relevante en la economía del país.
2016 un año de reformas
Como explicamos en un post anterior, entre finales de 2015 y principios de 2016, el gobierno egipcio adoptó distintas medidas que definieron la hoja de ruta en el ámbito económico y comercial del país. Asimismo, a mediados de 2016, el ejecutivo y el Fondo Monetario Internacional (FMI) llegaron a un acuerdo según el cual el FMI ofrecería 12.000 millones de dólares con el objetivo de mejorar la competitividad y reducir el déficit presupuestario y la deuda pública del país.
Una de las primeras medidas llevadas a cabo por el presidente Abdel Fattah el-Sisi fue una reforma legislativa sobre las importaciones, de manera que todas las empresas que pretendan exportar al país deben registrarse en el organismo general que controla las importaciones y exportaciones. Además, las empresas se obligan a cumplir unos requisitos específicos. El objetivo de esta medida es frenar la importación de determinados productos de baja calidad. Paralelamente, el gobierno aprobó una nueva Ley de Inversiones con el objetivo de incentivar la inversión extranjera. Entre las medidas que recogía la nueva Ley destacan simplificar los trámites burocráticos a las empresas con intención de establecerse en Egipto o reducir a la mitad los impuestos para inversiones en áreas poco desarrolladas.
La subida de un 10% de los aranceles fue otra de las decisiones del gobierno egipcio. De esta manera, y según un decreto presidencial, un total de 615 de productos se vieron afectados por esta subida. Una medida que según fuentes del gobierno buscaba proteger la producción nacional pero a la vez aumentar la barrera contra la importación de bienes que no se utilizan con fines industriales en Egipto y racionar el uso de moneda extranjera.
La introducción de un impuesto sobre el valor añadido (IVA) -de un 13% en 2016 y del 14% en 2017-, fue otra de las medidas para sanear la economía egipcia y cumplir con los objetivos del FMI.
Sin embargo, otras decisiones adoptadas por el ejecutivo egipcio fueron modificadas tras su entrada en vigor. Este es el caso de las restricciones en cuentas en divisas para la importación, que a principios de 2016 se fijaron en 50.000 dólares mensuales y que meses más tarde se situaron en los 250.000 dólares mensuales, con el objetivo de favorecer la importación de productos y bienes básicos.
Relaciones bilaterales con España
Si bien es cierto que las relaciones diplomáticas entre España y Egipto son cordiales, a nivel económico-comercial los acuerdos son todavía reducidos. Según datos del ICEX, en 2016, Egipto representó un 0,30% de las importaciones totales españolas y un 0,55% de las exportaciones, unas cifras que revelan que la relación bilateral entre ambos países es a día de hoy discreta.
Si nos fijamos en la balanza comercial bilateral, históricamente ésta ha sido favorable a España. Sin embargo, a partir de 2005 esta tendencia cambió debido al gran peso que empezaron a tener el petróleo y sus derivados en nuestras importaciones.
En relación a las inversiones, la principal inversión española es en plantas de gas licuado, así como en plantas de cemento. Le siguen en importancia la industria química, la producción y distribución eléctrica relacionada con el gas, materiales de la construcción, agroindustria y la hostelería.
